Diego Casas
Hasta no hace tantos años, las cotizaciones del fertilizante
se resentían de las subidas y bajadas del barril de Brent, pero en las últimas
campañas las empresas de fertilizantes, prácticamente un monopolio, “pasan” de
cualquier lógica económica o productiva.
Si la niebla se disipa, en estas semanas el campo de
Castilla y León irá concluyendo las labores de recolección de cultivos de
regadío, como la remolacha y el maíz, y retomará las labores de la próxima campaña
agrícola. Es tiempo de preparar el terreno, haciendo acopio de abonos,
principalmente nitrogenados, para alimentar las tierras sembradas en otoño, y
tiempo de fertilizar las fincas que se dedicarán a cultivos de primavera.
El abono es un coste principal para el agricultor. Nutrir
una hectárea de secano tiene un coste medio de 200 euros; si es en regadío,
casi 600. Una explotación de 150 hectáreas de cereal, por poner un ejemplo,
tiene que asumir un gasto de unos 30.000 euros en abonos. Eso, multiplicado por
toda la superficie cultivable, es un montante económico descomunal. Lo saben
bien las multinacionales que operan en este sector, que por sistema aguardan
los picos de demanda para restringir la oferta y aplicar subidas de 3 o 4
céntimos por kilo, que podría parecer poco dinero, pero multiplique usted y
verá las barbaridades que supone para cada explotación y para el campo de
Castilla y León en su conjunto.
Hasta no hace tantos años, las cotizaciones del fertilizante
se resentían de las subidas y bajadas del barril de Brent, puesto que el precio
del petróleo está directamente vinculado al de la urea o del fosfato. En estos
tiempos, en los que el petróleo está por debajo de los 50 dólares, en los
precios más bajos desde 2009, este descenso debería en teoría enfriar los
precios de los abonos. Pero no. En las últimas campañas las empresas de
fertilizantes, prácticamente un monopolio con la cabeza visible de Fertiberia
al frente, “pasan” de cualquier lógica económica o productiva y aplican
sibilinamente las subidas en los momentos en los que el agricultor demanda el
producto.
Engordan precios y, además, aprietan tuercas al sector
limitando el abono disponible, como ya denunciamos desde ASAJA la campaña
pasada, en la que escaseó el nitrogenado. Se desabastece el mercado, se fijan
precios abusivos, por supuesto se bloquea cualquier posibilidad de que entre
abono de fuera. Todo por el artículo 33. Los agricultores se indignan, ASAJA se
indigna. Pero eso no basta. Quien debería vigilar estas prácticas abusivas, controlarlas
y si no tiene los mecanismos para hacerlo, dotarse de ellos, son el Tribunal de
Competencia, el Ministerio de Agricultura y la propia Consejería. Porque está
claro que las compañías de fertilizantes engordan su cuenta de beneficios a
costa de subir la factura al agricultor, básicamente porque les da la gana y
encima les dejan.
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