Crisis en la frontera colombo-venezolana

Por: Andrés Contreras

El pasado 20 de Agosto el gobierno venezolano, en cabeza de su presidente Nicolás Maduro decreta el estado de excepción para seis municipios fronterizos en el estado Tachira,en la frontera con Colombia, esta medida sugiere la supresión temporal de ciertos derechos y garantías constitucionales, salvo aquellos considerados fundamentales ,concediendo al gobierno facultades especiales. Sumado a esto inicia una serie de desalojos y deportaciones arbitrarias a colombianos residentes en el vecino país.

 Lo anterior es solo una muestra de las torpes políticas gubernamentales provenientes del ejecutivo venezolano, que ya han dado sus frutos en materia económica (recordemos la reciente catástrofe financiera causada por el aumento desmedido de la cotización del dólar paralelo) y que esta vez pasa factura sobre el ámbito diplomático y las relaciones internacionales con nuestro país.

El principal objetivo del estado de excepción es disminuir el éxodo de colombianos que ingresan de manera ilegal a Venezuela y reducir el impacto que tiene el contrabando hacia Colombia sobre la economía bolivariana así mismo minimizar la influencia de los grupos ilegales sobre el vecino país, logrando de esta forma restablecer el orden, la paz, la convivencia de la región venezolana fronteriza con Colombia. Sin embargo vale la pena analizar  cuál es la verdadera cara de esta realidad hasta ahora contada a medias, no solo por las consecuencias sociales, económicas y políticas que esta situación  trae para Colombia si  no porque también de aquí en adelante esto condicionara la posición que debe tomar el gobierno de Juan Manuel Santos para enfrentar este desafío y marcara de forma permanente las relaciones diplomáticas entre ambos países, mientras continúe el régimen de Maduro.

Para el Gobierno venezolano, la porosa frontera binacional de casi 2.300 kilómetros es el origen de los principales problemas que aqueja a su país: el desabastecimiento, que atribuye al  contrabando de productos subsidiados; la delincuencia, que Venezuela atribuye a la importación de modelos colombianos del crimen organizado y la subversión política, que achaca a conspiraciones impulsadas por el ex presidente Álvaro Uribe y la carga social que significa para su país el éxodo de ciudadanos colombianos, que cifró en 121.000 inmigrantes solo en lo que va de 2015.No obstante para nadie e s un secreto que el estado venezolano pasa por una grave ,por no decir la peor,  crisis de toda su historia: el derrumbe de los precios internacionales del petróleo, el desabastecimiento de víveres, problemas de orden publico,desligitimidad de las instituciones estatales, violación de los derechos humanos ,altos índices de corrupción y la represión de los medios de comunicación. Los anteriores son solo unos de los muchos problemas que el chavismo pretende desviar de la atención de la opinión pública y la comunidad internacional, a través de mecanismos como el recientemente implementado en el área fronteriza, los cuales resultan poco acertados porque vulneran en gran medida la dignidad, el buen nombre y los derechos fundamentales como el derecho a una vivienda, de miles de colombianos que residen actualmente en el vecino país. 

Por otra parte el retorno inminente de compatriotas hacia Colombia propone un desafío al gobierno nacional el cual se verá obligado a tener en consideración el replanteamiento de sus políticas de gobierno en  materia de educación, salud, empleo y además tiene la obligación de brindar una atención especial a los deprimidos sectores industrial y comercial, perjudicados en gran medida por la crisis fronteriza.